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Mediante el decreto 27/2026, el Gobierno actualizó la estructura y competencias del Ministerio de Salud de la Nación bajo el argumento de fortalecer su rol rector y de control sobre el sistema sanitario. Entre los cambios se creó la Secretaría Nacional de Discapacidad, en reemplazo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), disuelta a fines del año pasado.
El cambio ministerial -preanunciada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni- se apoya en el informe final de intervención del organismo, que detectó irregularidades de gravedad en contrataciones, debilidades estructurales en los controles internos y un ecosistema tecnológico fragmentado que afecta la gestión del Certificado Único de Discapacidad, las pensiones no contributivas por invalidez y el Programa Federal Incluir Salud.
La nueva área continuará a cargo de la formulación de políticas vinculadas a discapacidad y de la conducción del proceso de otorgamiento de las pensiones por invalidez, pero dentro de la estructura de la cartera que conduce Mario Lugones, por lo que perderá su estado de organismo descentralizado.
La reforma tiene lugar luego del escándalo por presuntos hechos de corrupción en la gestión de Diego Spagnuolo en ANDIS, quien en audios que están en poder de la Justicia afirmó que las empresas proveedoras de medicamentos pagaban presuntas coimas a funcionarios nacionales, entre ellos Karina Milei, para quedarse con los contratos.
El cambio de estructura de la agencia y su transformación en secretaría dependiente de Salud apunta a mejorar la trazabilidad de los expedientes y robustecer las auditorías internas, según afirmaron desde el Gobierno. Mientras tanto, la investigación judicial sigue su curso.
