La prórroga por segundo año consecutivo de la ley de Presupuesto 2023 representa “un retroceso en la institucionalidad” al implicar un avance del Poder Ejecutivo sobre una decisión que históricamente le correspondió al Congreso, por lo que se requiere que las autoridades y la dirigencia política en general arriben a acuerdos para que en el curso de 2025 se apruebe la ley correspondiente.
Nacionales30/12/2024
ChacoWeb
Así lo sostuvo la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), en un comunicado dado a conocer luego de la publicación en el Boletín Oficial de la prórroga a la ley de Presupuesto de hace dos años mediante el decreto 1131/2024.
En el documento suscripto por la Comisión Directiva de la entidad, presidida por Gonzalo Lecuona, se señala que el artículo 27 de la ley de Administración Financiera 24.156 faculta al Poder Ejecutivo a “realizar los ajustes indispensables para garantizar la continuidad y eficiencia de los servicios provistos por el Estado y para cumplir con los servicios de deuda y con los compromisos internacionales”.
Dos años seguidos, la primera vez
Desde la sanción de la ley en 1992, se recurrió a la prórroga mediante decreto del Poder Ejecutivo para los años 2010, 2020, 2022 y 2024, pero en esta oportunidad será la primera vez que la extensión se aplicará dos veces consecutivas.
En consecuencia, en 2025 se ejecutará -con las modificaciones correspondientes- una ley de Presupuesto que comenzó a ser elaborada en abril de 2022 por el entonces ministro Martín Guzmán, se presentó como proyecto de ley en septiembre de ese año por su sucesor, Sergio Massa, y por segundo año seguido será prorrogada con Luis Caputo al frente del Palacio de Hacienda.
“La situación que se presenta en 2025 constituye una novedad, ya que es la primera vez que en dos años consecutivos no se cuenta con Ley de Presupuesto”, puntualizó la ASAP, que advirtió que “esta circunstancia constituye un retroceso en la institucionalidad del Sector Público Nacional y refleja la imposibilidad de alcanzar los acuerdos mínimos necesarios que permitan contar con la norma más importante para la gestión anual de gobierno”.
Mucho más que una formalidad
Para la entidad, “este retroceso no se limita a una cuestión de formas, ya que también tiene implicancias en diversos órdenes”.
Al respecto, resaltó que “el Presupuesto, aparte de ser la expresión financiera anual de las políticas públicas, y como tal incluye las autorizaciones máximas de gasto y el cálculo de los recursos para atenderlos, también contempla los niveles prestacionales en términos físicos, define la meta de resultado financiero, autoriza la emisión de nueva deuda pública” e “incluye el plan de obras en infraestructura”.
Asimismo, “contempla disposiciones que afectan a distintos actores económicos del sector privado, establece los recursos financieros que recibirán las provincias, los municipios y las empresas públicas en concepto de transferencias, contiene pautas de evolución de los salarios públicos y de las jubilaciones y pensiones, incorpora definiciones de la política de empleo público y contempla aspectos funcionales del Estado Nacional, entre otras cuestiones”, planteó la ASAP.
Por tales razones, la Asociación llamó a “los actores institucionales competentes a alcanzar los acuerdos necesarios para que en el menor plazo posible se pueda aprobar la Ley de Presupuesto de la Administración Pública Nacional del ejercicio 2025”, más allá de que el plazo para su sanción ya fue superado.
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