ChacoWebEl superávit engañoso de Milei, construido en base a incumplir obligaciones legales del Estado, se terminará este viernes cuando vence el plazo legal para que Toto Caputo desembolse los 2,5 billones de pesos de la Ley de Financiamiento Universitario, como dispuso un reciente fallo judicial.
La decisión judicial confirma la vigencia de la ley y deja al Poder Ejecutivo sin margen para seguir pisando las transferencias, como hace con los fondos del Pami o el porcentaje del impuesto al combustible que por ley debe ir a las provincias para reparar las rutas y Caputo se traga.
O los fondos de coparticipación que por fallo de la Corte Suprema, Caputo debe girar a la Ciudad y como reveló LPO, en marzo cayeron a cero. Hay incumplimiento de leyes y hay incumplimento de fallos.
El monto impacta en un esquema fiscal cada vez más exigido por la caída de la recaudación por la recesión y expone las patas cortas de un superávito que esconde una deuda flotante incalculable.
En marzo, el Sector Público Nacional registró un superávit primario de 745.000 millones de pesos y un superávit financiero de 275.000 millones, después del pago de intereses de la deuda. En el acumulado del primer trimestre, el resultado primario alcanzó aproximadamente el 0,5% del PBI.
Ese "equilibrio" se sostiene con un fuerte recorte de las transferencias a las provincias, los subsidios y un recorte a cero de la obra pública, además de retenciones de fondos ilegales.
Ahí aparece la tensión. El superávit se construye sobre una ejecución que posterga obligaciones. No es sólo ajuste. También es manejo del calendario de pagos.
"El resultado base caja esconde la deuda flotante de lo devengado no pagado y en la calle se ve por ejemplo en los conflictos con PAMI, colectivos, Ley de financiamiento Universitario, Discapacidad, etc.", detalló el economista Christian Buteler.
Por eso, el fallo judicial actúa como punto de quiebre. Convierte una obligación postergada en una exigencia inmediata. Y lo hace con un volumen que no es marginal dentro del presupuesto.
Los 2,5 billones obligan a recalcular. Representan un monto capaz de erosionar el superávit o forzar un recorte adicional en otras partidas.
